Artículo publicado en el LEVANTE – EMV el 8 de diciembre de 2025
El reciente nombramiento de Teresa Peramato, especialista en violencia machista, como fiscal general del Estado, ha sido un revés para quienes niegan este tipo específico de violencia. Hacía falta un mensaje que pusiera en circulación de nuevo, desde las más altas instancias, la importancia de la actuación del Ministerio Público en combatir esta lacra social y proteger a las víctimas. Ha sido un acierto porque las reticencias en no condenar la violencia contra las mujeres, por parte de alguna formación política, impide la comprensión de este fenómeno social sin darle cauce de reparación y justicia. De ahí además la importancia de un léxico específico y de un nuevo concepto jurídico, el de violencia de género, con el que desvelar el orden simbólico patriarcal que durante siglos silenció el dolor de las mujeres.
Conviene recordarlo en tiempos de negacionismo, máxime si se tiende a reincidir en el daño ocasionado a las víctimas. El caso más reciente ha sido el del alcalde de Alpedrete (Madrid) que negó el carácter machista del asesinato de una vecina de esa localidad apuñalada por su marido. El cuerpo de la víctima presentaba cincuenta heridas de arma blanca y, aun así, las primeras declaraciones del alcalde fueron para salvar la imagen del victimario. Ese empeño en darle la vuelta a la noticia, recuerda discursos exculpatorios de antaño y trae a la memoria el cuadro que pintó Frida Khalo al conocer por un periódico de la época que un hombre había matado a su esposa asestándole veinte puñaladas. El suceso ocurrió en 1935 y el asesino alegó en su defensa ante los tribunales que solo le había dado “unos cuantos piquetitos”. La artista evidenció la incongruencia de aquel atroz asesinato representando la escena sangrienta y colocando en la parte superior del cuadro una cinta blanca portada por dos palomas en las que se leía las palabras del victimario.
Palabras que entonces podían servir de atenuante en la sentencia y que hoy no sería el caso. Hoy no es de recibo minimizar los asesinatos de las mujeres por parte de sus parejas, ni cabe reducirlos a una cuestión privada. Se trata de un problema de Estado y de salud pública que ha de tener defensa en quienes ejercen cargos públicos y tienen responsabilidades políticas. Por eso mismo, más allá de las circunstancias especiales que rodearon la designación de la nueva fiscal general del Estado, la noticia de su nombramiento ha sido bien acogida no solo por su idoneidad para el puesto a desempeñar sino también por ser imprescindible una carrera judicial con perspectiva de género capaz de detectar las situaciones de discriminación y violencia estructural que afectan a las mujeres.