Artículo publicado en el LEVANTE – EMV el 25 de noviembre de 2024
Negar la violencia de género es una forma más de negacionismo que pone en peligro la vida humana. En general, la actitud negacionista consiste en tomar por falsas determinadas realidades aun siendo fácilmente comprobables. Quienes adoptan esta postura lo hacen para protegerse de una verdad que escandaliza a sus creencias, planteamientos ideológicos u otros intereses. Viven en una realidad paralela, impermeables a cualquier argumentación, sin querer verificar los hechos que demuestran que se equivocan. Pero, lo realmente preocupante es cuando esta actitud llega a las instituciones que han de cuidarnos y tienen como misión velar por el bienestar de la sociedad entera.
Por desgracia, en el caso de la salud ecológica y el cambio climático, la dana ha hecho evidente que el negacionismo provoca numerosas pérdidas humanas. Y lo mismo ocurre cuando se trata de la salud de las mujeres y su derecho a vivir una vida digna sin violencia machista. Los datos que anualmente ofrece el Instituto Nacional de Estadística junto al Registro Central de Protección de las Víctimas del Ministerio de Justicia, son lo suficientemente alarmantes para considerarlos como merecen y no eliminar centros de protección u otras medidas dirigidas a prevenir y combatir la violencia estructural y sistémica que se ejerce contra las mujeres por el solo hecho de serlo.
En 2024 el 25 de noviembre coincide con los veinte años de la LO1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. No está de más recordar que esta ley se aprobó con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios y con todos los votos a favor en el momento del sufragio. Por eso mismo, resulta tan preocupante que en la actualidad se haya roto el consenso social y se difundan mensajes negacionistas por parte de aquellos partidos políticos que, desde las instituciones, recortan o eliminan las partidas presupuestarias de protección, atención y tutorización local y directa a las víctimas de violencia de género. De este modo no solo les niegan auxilio, sino que dan la espalda y restan credibilidad a una realidad social trágica y dolorosa.
En este contexto es imprescindible insistir en la formación política y judicial con perspectiva de género a fin de detectar y afrontar de manera proactiva y ágil las situaciones de discriminación y violencia que afectan a las mujeres. De ahí la importancia de escuchar a quienes son autoridad en la materia para no tergiversar los hechos y dejarse llevar por falsedades y bulos. Hay que tomar por referentes a expertas como son la fiscal Teresa Peramato o la jueza Isabel Giménez. Ambas asumen en su práctica jurídica el enfoque de género y han sido reconocidas en 2024 con diversos galardones. La primera ha recibido el IV Premio Igualdad de la Abogacía, la segunda el Premio Menina del Ministerio de Igualdad con motivo del 25 de noviembre de este año. Son estas voces las que han de tener en cuenta quienes ejercen cargos públicos y tienen responsabilidades políticas. En definitiva, hay que exigirles saber y conocimiento porque tienen nuestras vidas en sus manos y porque el negacionismo mata.